En Ocasiones Veo Fraudes #74 |TUS DERECHOS EN VENTA 1o4f5j

Fondos de inversión van a decidir qué macrocausas judiciales se ponen en marcha contra las empresas que cometan fraudes masivos hacia los consumidores.

Van a decidirlo porque los fondos de inversión van a ser los patrocinadores de las acciones judiciales colectivas que emprendan las asociaciones de consumidores que se presten a ello.

Obviamente seleccionarán a qué empresas prefieran que se lleve a los tribunales en función de las posibilidades de éxito que crean que van a tener y de lo bien o lo mal que se lleven con esas empresas.

Si un fondo de inversión que financia acciones judiciales es accionista de una empresa es evidente que no va a pegarse un tiro en el pie llevando a juicio a esa empresa.

La barbaridad que te estoy contando será la consecuencia de la aprobación de un proyecto de ley que ha salido del Consejo de Ministros y que en breve se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Un proyecto de ley basado en un texto en el que han participado fundamentalmente los Ministerios de Justicia y Consumo y para cuya redacción han pasado olímpicamente de las reivindicaciones de FAQUA.

El proyecto de ley de acciones colectivas no sólo va a fomentar que determinadas asociaciones de consumidores se pongan al servicio de los intereses de los fondos de inversión.

También va a poner trabas para que las organizaciones independientes y sin ánimo de lucro podamos emprender por nuestra cuenta esas acciones en los tribunales.

Porque para hacerlo vamos a necesitar recursos económicos.

Así que los partidos políticos que voten a favor de este proyecto van a facilitar que la defensa de nuestros derechos mediante la vía judicial no sea más que un nuevo nicho de negocio para inversores.

Evidentemente los consumidores necesitamos una ley que regule y facilite el ejercicio de las acciones colectivas en los tribunales.

Pero no esta ley, sino otra radicalmente distinta.

Una ley que facilite que las organizaciones de defensa del consumidor podamos combatir los fraudes masivos ayudándonos a ello fomentando mecanismos para la financiación pública de esas acciones en defensa del bien común facilitando que podamos emprenderlas en lugar de poniéndonos obstáculos.

Obstáculos como los que plantea el actual proyecto normativo que obliga a las asociaciones a costear la puesta en marcha de plataformas electrónicas para gestionar los procedimientos y la relación con los consumidores que quieran personarse y que ni siquiera garantiza que tengamos derecho a la justicia gratuita completa.

Es decir, que no tengamos que asumir el riesgo de pagar las costas si las sentencias son desfavorables a los consumidores.

Esperemos que los grupos parlamentarios sean conscientes de lo grave que resultaría aprobar una ley de estas características y expresen su rechazo para que el gobierno elabore un nuevo texto radicalmente distinto.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante.

¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? Oye, oye, muy bien, muy bien, lo que habéis comentado de la tarifa regulada de gas natural.

Oye, tengo una plantación de marihuana, si no digas nada, me consume.

Vosotros me lo podríais pasar a una tarifa de esas de gas natural.

Planta natural con propiedades medicinales.

Gas natural con propiedades económicas, que viene a ser lo mismo.

También medicinal, si ahorras, tienes una vida más sana, que te lo vas a pensar.

Vale, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, venga, venga, venga, venga, chao, chao.

¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con tres historias de actualidad.

La primera, algo que ocurre prácticamente todas las semanas.

Otra empresa ha sufrido una filtración de datos personales de sus clientes, que podría poner en riesgo su privacidad y el que sufran determinadas estafas online.

Una empresa, en este caso Secotec, que ha comunicado a los clientes, como obliga la ley, la filtración, pero lo ha hecho con dos años de retraso.

Hemos pedido desde Facua, la agencia española de protección de datos, que abra una investigación para verificar si Secotec realmente no ha tenido conocimiento hasta hace unos días de esa filtración masiva, de ese hackeo de sus datos, que además se corresponden con una plataforma de comercio online que dejó de utilizar en el año 2020.

Se trata de irregularidades muy habituales, que en ocasiones son culpa de una grave negligencia de la empresa a la hora de establecer los protocolos de seguridad de sus datos y en otras, pues que el blindaje que pretendían provocar en ellos no era suficiente para evitar los hackeos.

En estos casos, la agencia española de protección de datos tiene que decidir, tiene que evaluar si ha habido o no un alto nivel de protección, o si por el contrario se han producido dejaciones de responsabilidades por parte de las empresas.

Los consumidores, en cualquier caso, somos víctimas de llamadas, correos, donde se identifican como responsables de una determinada empresa y nos llaman por nuestro nombre y apellidos.

A veces es porque se han hecho con ese tipo de datos, a veces al consumidor le provocan una cierta confianza que lo llamen por su nombre y cuando le empiezan a solicitar información sensible, la facilita sin saber que va a ser víctima.